Un fallo judicial de primera instancia ha vuelto a congelar el retorno del despliegue químico aéreo para combatir los cultivos de uso ilícito en territorio colombiano. El Juzgado Tercero Promiscuo de Puerto Asís (Putumayo) ordenó la suspensión cautelar e inmediata del plan piloto impulsado por la Policía Nacional y el gobierno de Abelardo de la Espriella, el cual pretendía probar un nuevo herbicida, el glufosinato de amonio, en zonas rurales del departamento.
09/11/2026. La decisión provisional responde a la admisión de una acción de tutela promovida por la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social, organización que alegó vulneraciones inminentes a los derechos fundamentales a la salud, la vida, el agua y un medio ambiente sano.
Un nuevo químico bajo el mismo escrutinio ambiental
El proyecto estatal, diseñado por la Dirección de Antinarcóticos en el marco de la Estrategia Esmeralda Plus, contemplaba intervenir una extensión inicial de hasta 1.000 hectáreas mediante el uso de dos aeronaves especializadas AT-802. Con esta fase experimental, las autoridades buscaban recolectar evidencia científica que avalara el reemplazo del glifosato por glufosinato de amonio, intentando reactivar una práctica que permanecía suspendida en el país desde 2015 por disposición de la Corte Constitucional debido a sus riesgos sanitarios.
Sin embargo, el despacho judicial advirtió que someter el territorio de Putumayo a las pruebas directas de un nuevo herbicida químico representa un riesgo inaceptable mientras no se disponga de evaluaciones técnicas independientes. La tutela recalca que cualquier intervención aérea debe demostrar previamente, y con rigurosidad objetiva, que no generará impactos nocivos sobre fuentes hídricas, cultivos lícitos, la biodiversidad local ni polinizadores esenciales como las abejas.
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Exigencia de informes de fondo a las autoridades
La orden de frenar las operaciones aéreas se mantendrá vigente mientras las instituciones involucradas en la política antinarcóticos entreguen expedientes completos sobre la planeación y evaluación de riesgos. Para ello, el juez requirió con carácter urgente al Consejo Nacional de Estupefacientes, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, la Policía Antinarcóticos y la Gobernación del Putumayo.
Por su parte, la fundación peticionaria precisó que su recurso no busca interponerse en la lucha contra el narcotráfico ni en la erradicación de los cultivos de coca, sino garantizar que las estrategias estatales se ejecuten estrictamente dentro de las salvaguardas constitucionales y ambientales vigentes.
Redacción equipo DHH.
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