Un gran jurado de Nueva York une narcotráfico, corrupción y tortura en una sola narrativa contra Nicolás Maduro y Cilia Flores. Lo que dice el documento, lo que no dice y lo que está en juego.
La fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York presentó una quinta acusación sustitutiva (Superseding Indictment S5 11 Cr. 205) contra Nicolás Maduro Moros y Cilia Adela Flores de Maduro. El texto, de 30 páginas, mantiene el eje del caso original primero, el narcotráfico, pero añade algo nuevo: un relato extenso de represión política, detenciones arbitrarias y tortura, incluida la de ciudadanos estadounidenses.
Conviene aclarar algo desde el principio: una acusación formal no es una sentencia. Es la versión de la fiscalía, avalada por un gran jurado, y ambos acusados gozan de presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario en juicio.
La tesis: un Estado montado sobre dos negocios
El documento arranca con una afirmación contundente: durante más de 25 años, los acusados «abusaron de sus posiciones de confianza pública», se enriquecieron mediante la corrupción y permanecieron en el poder «mediante graves violaciones de derechos humanos».
La fiscalía describe dos engranajes que se alimentan entre sí:
- El negocio: narcotráfico bajo protección de militares, jueces y policías, junto con el saqueo de fondos públicos.
- El control: una maquinaria de represión para sostener ese poder, porque, según el texto, el sistema era «profundamente impopular» entre los venezolanos.
En la cúspide de esa estructura, afirma la acusación, «se sentaron» Maduro y Flores. Su círculo íntimo se presenta como el Cártel de los Soles, aliado con organizaciones designadas como terroristas por Washington: las FARC, el ELN, el Cártel de Sinaloa, los Zetas (luego CDN) y el Tren de Aragua, además de los colectivos, grupos que el texto califica de pandillas respaldadas por el Estado.
Los acusados, según el expediente
Maduro es descrito como expresidente y gobernante de facto e ilegítimo. El documento repasa su trayectoria (diputado, canciller, vicepresidente, sucesor de Chávez en 2013) y califica de «disputadas» y «condenadas internacionalmente» las elecciones de 2018 y 2024. Fue acusado por primera vez en marzo de 2020 por narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas, y, según el texto, fue aprehendido el 3 de enero de 2026.
Cilia Flores fue primera dama, presidenta de la Asamblea Nacional, fiscal general y constituyente. Según la acusación, fue acusada en diciembre de 2025 y aprehendida el mismo día que su esposo.
El capítulo de la droga y el dinero
La fiscalía sostiene que, ya desde 2006, la pareja usaba agentes asignados a su protección para mover cocaína: cargas de 1.000 a 2.000 kilos con ayuda de la Guardia Nacional Bolivariana. Les atribuye además haber ordenado secuestros, golpizas y asesinatos contra quienes les debían dinero o estorbaban el negocio.
Otros episodios señalados:
- Las FARC: un encuentro con la cúpula guerrillera tras la muerte de Chávez para tratar una deuda, que Maduro habría saldado en parte vendiendo minas explosivas y otras armas.
- Cocaína a EE. UU.: el texto afirma que los acusados querían que una parte significativa llegara a Estados Unidos, «cuyas comunidades» Chávez y Maduro «esperaban dañar». Es una frase clave, porque conecta el narcotráfico con la lógica del narcoterrorismo.
- PDVSA: contratos corruptos que sus directivos llamaban «política de Estado», y un avión de la petrolera usado por el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra («Nicolasito»), para transportar droga.
- Justicia a la carta: casos desestimados, cocaína devuelta a sus dueños y una «Comisión Especial para la Revolución Judicial» (2021) que, según la fiscalía, sirvió para encarcelar disidentes. En un episodio, una jueza cedió y bloqueó candidaturas opositoras tras el arresto y tortura de familiares suyos.
Aqui estala acusación completa:
El giro: la tortura
Aquí el texto cambia de tono. Los párrafos 18 a 39 describen casos de víctimas anónimas con métodos como descargas eléctricas, asfixia con bolsas, ahogamiento simulado, violencia sexual, aislamiento y amenazas a hijos.
La fiscalía busca vincular a Maduro personalmente. Le atribuye haber ordenado quién sería arrestado y torturado, recibido reportes y hasta sugerido técnicas. En una reunión de 2014, ante la noticia de que un detenido no cedía, habría hecho un gesto de retorcer las manos y dicho: «apriétenlos más fuerte.» En otras ocasiones habría dicho «no los dejen dormir» o «échenles agua», a veces riéndose.
Los hechos más graves se atribuyen a tres coconspiradores sin nombre: CC-1 (que amenazó con matar al hijo pequeño de un detenido), CC-2 (que habría presentado métodos de tortura a Maduro para su aprobación) y CC-3 (que participó personalmente en sesiones de tortura).
Un punto sensible es el de los estadounidenses. Tres víctimas (Victim-7, 8 y 9) son ciudadanos de EE. UU. detenidos entre 2022 y 2025. El texto describe descargas en los genitales, inyecciones forzadas, golpizas prolongadas y, en un caso, la afirmación de un torturador de que la víctima seguía viva solo por ser potencial moneda de canje. En enero de 2026, ya en el aeropuerto, CC-3 habría amenazado a los liberados para que callaran.
Aquí hay un matiz: en esos casos la acusación atribuye la tortura directa a la DGCIM y a CC-3. La responsabilidad de Maduro se plantea como la de quien dirigía y toleraba el sistema.
Los cinco cargos
1.Conspiración de narcoterrorismo
2.Conspiración para cometer tortura
3.Conspiración de importación de cocaína
4.Posesión de ametralladoras y artefactos destructivos
5. Conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos
Ambos acusados enfrentan los mismos cargos:
El documento pide además el decomiso de bienes vinculados a los delitos, incluidos activos «nacionales y extranjeros», con una cláusula de bienes sustitutos si no se localizan los originales. Lo firma el fiscal federal James M. McDonald.
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Por qué importa cómo está construido este documento
1. La tortura amplía el relato. Una acusación solo por drogas podía leerse como un caso de narcotráfico. Al sumar tortura, la fiscalía describe un sistema de represión, con víctimas concretas y un hilo de mando que sube hasta el despacho presidencial. Políticamente, eso cambia el marco del caso, de «narcotráfico» a «crímenes de un régimen». Por lo que dice el propio texto, el cargo de tortura es la novedad respecto de la acusación anterior (S4), que se centraba en drogas y armas.
2. Las víctimas estadounidenses no son un detalle. La ley estadounidense sobre tortura cometida en el extranjero exige que el presunto autor esté presente en EE. UU., algo que el documento recoge expresamente. Pero más allá de lo técnico, hay una dimensión política: el caso muestra que Washington puede presentar el proceso como una defensa de sus propios ciudadanos, no solo como un asunto venezolano.
3. La arquitectura es de «conspiración». Los cinco cargos son de conspiración o de posesión vinculada a ella. Esa figura permite sostener que el acusado respondió por lo que hicieron otros dentro de un plan común. La contrapartida es que la fiscalía deberá demostrar un acuerdo y el conocimiento de Maduro y Flores, sobre todo en los episodios que ejecutaron subordinados.
4. Los detalles sugieren testigos internos. Las citas textuales de reuniones privadas, los gestos y las conversaciones entre altos mandos apuntan a fuentes con acceso al círculo íntimo. Es una inferencia mía y no una afirmación del documento, pero será previsible que la defensa ponga bajo escrutinio la credibilidad de esos testimonios.
5. Los anónimos son el flanco abierto. CC-1, CC-2 y CC-3 aparecen como figuras centrales sin identificar. Esto es habitual en este tipo de documentos, pero significa que el público no puede evaluar todavía quiénes son ni cuánto respaldo tienen las acusaciones sobre ellos.
6. Lenguaje de fiscalía. Expresiones como «elección farsa» o «gobernante ilegítimo» son la posición oficial de EE. UU. y de la acusación, no conclusiones judiciales. Un lector atento debe distinguir entre los hechos alegados y las calificaciones políticas del texto.
El documento no incluye pruebas ni penas, y no explica las circunstancias de la aprehensión de enero de 2026. Tampoco refleja la postura de la defensa. Lo que se decida sobre competencia del tribunal, validez de la detención y admisibilidad de pruebas marcará el rumbo del caso.
Redacción equipo DHH a partir de documento
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