La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido una medida que despenaliza el aborto en todo México, obligando al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) y otras instituciones de salud federales a brindar este servicio en el país.

09/06/2023. La medida fue emitida en respuesta a un amparo presentado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), según un comunicado de la organización, esta decisión garantiza que todas las mujeres y personas gestantes tengan acceso a abortos seguros sin enfrentar cargos penales.

Este logro se atribuye a una estrategia jurídica nacional en colaboración con otras organizaciones locales, que presentaron amparos para eliminar el delito de aborto autoprocurado y consentido presente en los Códigos Penales de algunas regiones donde aún no ha sido despenalizado a nivel local ni federal.

En septiembre de 2021, la SCJN emitió una sentencia que declaró inconstitucional el delito de aborto en el Código Penal de Coahuila, una decisión que se tomó por unanimidad, en respuesta, GIRE presentó un amparo contra el Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal por emitir regulaciones que criminalizaban el aborto.

El 6 de septiembre de este año, la Corte concluyó que el apartado del Código Penal federal que criminalizaba el aborto ya no tendría efecto, esto significa que ninguna mujer o persona gestante ni el personal de salud podrá ser castigado por decidir interrumpir su embarazo.

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La resolución implica que instituciones como el IMSS, el Issste, Petróleos Mexicanos (Pemex) y otras instituciones de salud federales deben ofrecer servicios de aborto a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que lo soliciten, y el personal médico que brinde estos servicios no podrá ser criminalizado.

Además, la Corte ordenó la eliminación del delito de aborto en el Código Penal federal. Dado que esta sentencia fue aprobada por unanimidad, es de cumplimiento obligatorio para todos los jueces a nivel local y federal.

GIRE expresó su confianza en que las entidades del país que aún tienen leyes que obstaculizan la autonomía reproductiva tomarán en cuenta los criterios de la Corte para garantizar el derecho a decidir de las mujeres y personas con capacidad de gestar.