Paraguay: Juez reitera orden de captura con fines de extradición contra exlíder de FARC
Un juez en Paraguay reiteró este jueves la solicitud de captura internacional con fines de extradición al país de Rodrigo Granda, integrante del último secretariado de la extinta guerrilla colombiana de las FARC y quien es investigado por su presunta implicación en el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, ocurrido hace dos décadas.
04/18/2024. Además, informó de su decisión a la Policía Nacional de Paraguay y a la oficina de Interpol, para que esta última comunique «a todas las filiales del mundo» la «vigencia de la resolución de captura» contra Granda, conforme a una notificación roja que data de 2008.
El pedido, según documentos difundidos por medios locales, fue formulado por el juez penal de garantías número 10, Mirko Oscar Valinotti.
Cecilia Cubas, quien era la mayor de las dos hijas del expresidente Raúl Cubas (1998-1999) y de la ahora exsenadora Mirta Gusinky, fue secuestrada el 21 de septiembre de 2004 entre las localidades de Fernando de la Mora y San Lorenzo, cercanas a la capital paraguaya, Asunción.
Su cuerpo sin vida fue hallado en la ciudad de Ñemby -también en el departamento Central-, el 16 de febrero de 2005, en una fosa cavada en una vivienda. Su familia había pagado 300.000 dólares por su liberación.
Por el caso fueron condenadas 21 personas, según datos publicados en 2023 por el diario Última Hora. Entre ellos simpatizantes del marxista Partido Patria Libre (PPL), considerado el germen de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Granda posiblemente asesoró al PPL para dicho secuestro.
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El abogado de la familia Cubas, Andrés Casati, había anticipado el martes que solicitaría al tribunal a cargo del proceso «una reiteración de la orden de captura internacional con fines de extradición» contra Granda, después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia comunicó que no tiene potestad para juzgar este hecho.
En octubre de 2022, la JEP le concedió a Granda «amnistía de iure» por el delito de rebelión por el que fue condenado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, el 21 de abril de 2006.
Sin embargo, ahora asegura que existe una «falta de jurisdicción (…) para administrar justicia en los hechos ocurridos el 21 de septiembre de 2004 en Paraguay», a pesar de las pruebas presentadas por Granda.
