La causa judicial sobre las irregularidades en el rescate estatal de la aerolínea Plus Ultra ha entrado en una fase decisiva que sitúa a toda la familia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero bajo investigación judicial. Los rastreos financieros realizados por la Audiencia Nacional y las ramificaciones con el entorno del régimen venezolano han puesto de manifiesto un entramado de transferencias, comisiones e influencias que vinculan de forma directa al exlíder socialista y a su núcleo cercano con operativas internacionales.
09/21/2026.
Una trama familiar con conexiones directas en Venezuela
La imputación de Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental, contrabando y delito fiscal ha tomado una dimensión superior al extenderse formalmente las pesquisas a sus dos hijas. El magistrado José Luis Calama y la Fiscalía Anticorrupción investigan el papel del expresidente en la concesión de un rescate público de 53 millones de euros otorgado en 2021 por la SEPI a la aerolínea Plus Ultra. Dentro de esta causa, el propio expresidente de la compañía aérea, Julio Martínez Sola, admitió ante el juez haber pagado el 1 % de dicha ayuda (unos 530.000 euros) al denominado «grupo Zapatero».
Las conexiones con el régimen venezolano han cobrado un peso central tras la confesión de culpabilidad de Alex Saab ante la justicia de Estados Unidos, hecho que abrió una vía directa de investigación entre los movimientos de la aerolínea y redes de corrupción chavistas. Paralelamente, la causa analiza los pagos efectuados por el inversor venezolano Francisco Flores, quien transfirió 145.200 euros a través de la sociedad Softgestor hacia la consultora Análisis Relevante. Estas operaciones pretendieron justificarse mediante un informe de nueve páginas sobre Latinoamérica —carente de firma, plagiado en un 75 % del Banco de España y sin datos propios— que servía de tapadera para encubrir los cobros que percibían Zapatero y sus hijas por supuestas labores de maquetación. A todo esto se suma la investigación por el hallazgo de casi 80 piezas de joyería valoradas en más de 1,3 millones de euros encontradas en la caja fuerte de la oficina de Zapatero en Madrid, sobre las cuales el juzgado ha encargado un informe pericial gemológico.
¿Por qué se investiga ahora a las hijas?
El juez instructor ha citado a declarar como investigadas para el próximo 30 de noviembre a Laura y Alba Rodríguez Espinosa. Esta citación se produce a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó a la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) un informe tributario de la familia entre 2020 y 2025 al detectar indicios de cobro de comisiones vinculadas al rescate de la aerolínea.
Ambas son copropietarias y administradoras de la sociedad What the Fav. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía sostiene que esta empresa no desarrollaba una actividad comercial ordinaria real, sino que operaba como una entidad instrumental para facturar y redistribuir fondos del entramado investigado. Entre las inyecciones económicas recibidas por esta firma destacan:
- 561.440 euros provenientes de la sociedad Inteligencia Prospectiva.
- 239.755 euros transferidos por Análisis Relevante, firma perteneciente a un allegado de Zapatero.
- 171.727 euros procedentes de Gate Center.
Según los datos de la UDEF, Laura Rodríguez habría percibido 247.191 euros entre abril de 2021 y diciembre de 2025, mientras que Alba Rodríguez habría ingresado 199.904 euros entre abril de 2023 y diciembre de 2025. El magistrado les ha asignado la condición procesal de investigadas —en lugar de citarlas como testigos— con el objetivo de garantizar el ejercicio pleno de su derecho a la defensa con asistencia letrada.
Redacción equipo DHH sobre lectura de agencias.
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