Con el 96.75% de las actas contabilizadas, el candidato de Juntos por el Perú ha logrado estirar su ventaja a 25,937 votos sobre el aspirante de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, asegurando prácticamente su lugar en el balotaje con un 12.03% de los sufragios válidamente emitidos. Mientras tanto, la lideresa de Fuerza Popular se mantiene firme en el primer lugar con un 17.09%, lo que equivale a más de 2.7 millones de votos, a la espera de la proclamación oficial para iniciar la contienda definitiva por la presidencia.
04/29/2026. Sin embargo, este panorama electoral se ve empañado por una profunda crisis de legitimidad en la capital. Según un reciente estudio de la encuestadora CIT, el 72.1% de los ciudadanos en Lima Metropolitana está convencido de que hubo fraude en la primera vuelta celebrada el pasado 12 de abril. Esta percepción de irregularidad es aún más crítica en sectores como Lima Sur y Lima Norte, donde el rechazo a la legalidad del proceso alcanza picos del 76.2% y 74.9%, respectivamente. De hecho, un contundente 73.6% de los encuestados considera que los comicios carecen de legitimidad debido a vicios en el conteo y la organización.
Pese al clamor de un sector de la población y a las insistentes denuncias de Rafael López Aliaga sobre una supuesta «maniobra criminal», el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha oficializado su decisión de no repetir las elecciones. El organismo electoral dejó claro que la figura de los «comicios complementarios» no es aplicable para procesos presidenciales o congresales, sino estrictamente para los municipales. El JNE argumentó que el cronograma es ininterrumpible y que anular la votación basándose en los retrasos logísticos del 12 de abril, los cuales calificó de impacto mínimo, generaría una incertidumbre mayor en la ya convulsa situación política del país.
En paralelo, la justicia peruana estrecha el cerco sobre las autoridades electorales salientes. Existe un respaldo masivo del 88.4% de los limeños para que Piero Corvetto, exjefe de la ONPE, sea investigado penalmente. Actualmente, el Ministerio Público ha apelado la decisión judicial que rechazó su detención preliminar, señalando un posible peligro de fuga debido a que Corvetto cuenta con pasaporte vigente. Las investigaciones se centran en una presunta colusión agravada vinculada a las fallas organizativas que obligaron a Corvetto a renunciar a su cargo tras la accidentada jornada electoral de abril.
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Ante este escenario, los demás actores políticos comienzan a mover sus fichas. Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, ha supeditado cualquier alianza política al conteo final, aunque no descarta acercamientos con los punteros. Por su parte, López Aliaga ha anunciado que no se detendrá en las instancias nacionales y acudirá a organismos internacionales, alegando una vulneración al derecho constitucional de elegir y ser elegido tras presentar un informe que detectó inconsistencias en 805 actas electorales.
Redacción Tony Romero para DHH.
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