El sistema electoral peruano atraviesa una de sus crisis más profundas tras la dimisión de Piero Corvetto Salinas, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), presentada el 21 de abril de 2026. Esta renuncia, aceptada por unanimidad por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), surge como la consecuencia inevitable de un proceso marcado por graves irregularidades y fallas logísticas durante la primera vuelta de las elecciones generales el pasado 12 de abril.
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Lo que debió ser una jornada democrática ejemplar se convirtió en un escenario de deficiencias críticas, especialmente en Lima Metropolitana. El retraso sistemático en la distribución del material electoral, bajo responsabilidad de la empresa Galaga, impidió la instalación oportuna de miles de mesas de votación, afectando el derecho al sufragio de ciudadanos que esperaron por horas.
Corvetto, quien lideraba la institución desde agosto de 2020, había calificado estos comicios como el «proceso más difícil de la historia» debido a su complejidad. Sin embargo, la magnitud de los errores —que incluyeron cuestionamientos al sistema tecnológico de escrutinio— terminó por desbordar la capacidad de respuesta de la ONPE.
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La Dimisión como Estrategia de Estabilidad
En su carta de renuncia dirigida a María Teresa Cabrera, presidenta de la JNJ, Corvetto defendió su gestión alegando haber cumplido su función con «integridad» y haber liderado reformas necesarias. No obstante, reconoció que los problemas ocurridos constituyen una situación que le impide continuar en el cargo si se desea garantizar una segunda vuelta presidencial con confianza ciudadana.
El exjefe de la ONPE subrayó que su salida es un acto de responsabilidad para evitar que su permanencia afecte la estabilidad democrática en un momento donde los actores políticos requieren certidumbre frente al balotaje del 7 de junio.
Pese a su retiro voluntario, el panorama legal para Corvetto es sombrío. La JNJ ha sido enfática al declarar que la aceptación de su renuncia no implica el cierre de las investigaciones. Por el contrario, las indagaciones preliminares continuarán para esclarecer las interrogantes que, según el propio Corvetto, «no tienen explicación en la cadena logística tradicional».
A este frente se suma una denuncia penal presentada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por presuntos delitos de omisión o demora de actos funcionales y obstaculización del acto electoral. En un intento por demostrar disposición a las investigaciones, Corvetto se presentó ante la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios para entregar su pasaporte y solicitar el levantamiento de sus comunicaciones.
La salida de la cabeza de la ONPE a escasas semanas de una elección definitiva deja al sistema electoral en una situación de vulnerabilidad extrema. La transición hacia una nueva jefatura deberá ser inmediata para no comprometer los preparativos que ya están en marcha. El reto para quien suceda a Corvetto no será solo logístico, sino fundamentalmente moral: recuperar la legitimidad de un organismo que, ante los ojos de la ciudadanía, falló en su misión más básica de garantizar un sufragio fluido y transparente.
Redacción Albitrio Fabrepe para DHH.
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