El presidente Rodrigo Paz ha declarado el Estado de Excepción en todo el territorio de Bolivia. La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo 5636, busca desarticular los puntos de bloqueo que han mantenido a ciudades como La Paz y El Alto en una situación de «rehén», impidiendo el flujo de alimentos, combustibles y suministros médicos vitales.
06/20/2026. La crisis no es solo política; es humanitaria. Con más de una decena de fallecidos reportados durante el conflicto y sectores productivos paralizados, el Gobierno ha calificado la situación como una estrategia de «narcoterrorismo» y desestabilización contra la democracia. Según el mandatario, la paciencia del diálogo se agotó frente a grupos que mantuvieron la presión a pesar de los acuerdos alcanzados con la mayoría de los sectores sociales.
Las nuevas reglas del juego bajo el Decreto 5636
El Estado de Excepción, que tendrá una vigencia inicial de 90 días, otorga facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas para colaborar con la Policía en el restablecimiento del orden público. Entre las prohibiciones y restricciones más severas que la población debe acatar se encuentran:
- Tolerancia cero a los bloqueos: Queda terminantemente prohibida cualquier obstrucción en vías urbanas, rurales o internacionales.
- Restricción de movimiento: El Ejecutivo podrá implementar inmovilizaciones obligatorias (toques de queda) y limitar el tránsito peatonal y vehicular.
- Prohibición de armas y objetos peligrosos: Se veda el porte de armas de fuego, armas blancas, explosivos y los denominados «miguelitos».
- Control de reuniones: Las concentraciones masivas y manifestaciones públicas quedan suspendidas, salvo autorización expresa.
- «Ley Seca» y vigilancia: Se prohíbe el consumo de alcohol en zonas de intervención y se restringe el uso de drones sobre infraestructura crítica.
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A pesar de la rigidez de las medidas, el presidente Paz enfatizó que este estado no busca restringir la vida, sino «devolverle la libertad» a los ciudadanos para trabajar y recibir atención médica. Como salida a largo plazo, se ha convocado a un Gran Acuerdo Nacional que involucre a líderes políticos, gobernadores y sectores productivos para construir una agenda de desarrollo compartida y frenar los ciclos de confrontación.
Las autoridades han aclarado que, si bien se suspenden temporalmente derechos de locomoción y reunión, se mantienen vigentes las garantías de debido proceso, el derecho a la información y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Redacción equipo DHH con ayuda de IA.
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