Un grupo influyente de senadores de ambos partidos ha presentado una resolución contundente en el 119.º Congreso. Este documento no solo reafirma el compromiso histórico de los Estados Unidos con la libertad en la región, sino que establece una hoja de ruta crítica y punitiva ante la falta de avances democráticos bajo el actual mando interino en Venezuela.
08/04/2026. La resolución comienza con un recordatorio tajante de los eventos de julio de 2024. Citando pruebas «abrumadoras y meticulosamente reunidas» por el Departamento de Estado, el Senado subraya que Nicolás Maduro no ganó la elección presidencial de aquel año. Por el contrario, el documento valida que Edmundo González Urrutia fue el legítimo receptor de la mayoría de los votos, a pesar de las maniobras del Tribunal Supremo de Justicia para inhabilitar a figuras clave de la oposición, como María Corina Machado, quien previamente había arrasado en las primarias con más del 90% del apoyo popular.
El nuevo escenario: Del «absolute resolve» al interinato de Delcy Rodríguez
Uno de los puntos más reveladores de la resolución es la mención de la «Operación Absolute Resolve». Según el texto, tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina de la República Bolivariana. Sin embargo, el Senado es claro: Rodríguez carece de un mandato electoral otorgado por el pueblo venezolano y no ha tomado medidas significativas para convocar a las elecciones presidenciales libres y transparentes que el país reclama.
La resolución destaca la comparecencia del Secretario de Estado, Marco Rubio, ante el Comité de Relaciones Exteriores en enero de 2026, donde se reafirmó que el objetivo de la administración es lograr una Venezuela «estable, próspera y democrática» donde todos los sectores sociales estén representados.
Las exigencias del Capitolio: Elecciones, libertad y rendición de cuentas
El cuerpo legislativo, liderado por los senadores Cruz, Shaheen, Scott, Durbin, Kaine, Schiff y Rosen, ha resuelto cuatro puntos de acción inmediata:
- Reafirmación de la Política de Estado: Mantener el apoyo incondicional a una transición pacífica mediante comicios justos.
- Presión a las Autoridades Interinas: Urgir al régimen de transición de Delcy Rodríguez a restaurar la gobernanza democrática de forma inmediata.
- Liberación de Presos Políticos: El Senado exige la liberación incondicional de todos los detenidos por motivos políticos, especialmente aquellos arrestados tras las protestas y eventos de julio de 2024.
- Protección a la Oposición: Se declara explícitamente que cualquier detención arbitraria, asalto o daño físico contra líderes como María Corina Machado será interpretado como un sabotaje deliberado a la viabilidad de futuras elecciones.
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Advertencia sobre consecuencias personales
La resolución no se queda en la retórica. En sus disposiciones finales, advierte que cualquier agresión contra figuras de la oposición se presumirá como realizada con el «conocimiento, aquiescencia o aprobación» de los altos funcionarios de las autoridades interinas. Esto, según el documento, «necesitará acciones de los Estados Unidos para responsabilizar a cualquier persona determinada como responsable o cómplice» de tales actos.
Este paso bipartidista en el Senado envía un mensaje inequívoco al Palacio de Miraflores: el tiempo de las tácticas dilatorias se ha agotado. Mientras las estructuras de persecución no sean desmanteladas, la presión de Washington sobre los responsables de la parálisis democrática en Venezuela solo seguirá en aumento.
Redacción equipo DHH.
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