Las palabras de Brandon Judd ante empresarios desataron un frente común entre La Moneda y el Senado. Horas después, el diplomático dijo que lo habían sacado de contexto.

Lo que debía ser una jornada de celebración del intercambio comercial terminó convertida en el nuevo capítulo de una relación áspera. El embajador estadounidense habló el miércoles en el Día del Comercio Global, un encuentro organizado por la Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV), y allí vinculó el apoyo de Washington a los derechos chilenos sobre el Estrecho de Magallanes con la disposición de Santiago a colaborar en las prioridades de la Casa Blanca.
Según su intervención, si Chile quiere mantener la relación, los recursos contra el crimen organizado y el respaldo en el paso austral, «tendrán que trabajar con nosotros en los temas que son importantes para nosotros». Judd no pidió el control del estrecho ni insinuó acción militar alguna, pero el mensaje fue leído en Santiago como un intercambio de favores con la soberanía como moneda.
Una respuesta sin fisuras
La reacción del Gobierno de José Antonio Kast fue inmediata. El canciller Francisco Pérez Mackenna reiteró que el estrecho siempre ha sido chileno y fue categórico: «No necesitamos el apoyo de nadie para defender nuestra soberanía». Agregó que el país lleva dos siglos haciéndolo por cuenta propia, y su cartera analiza el envío de una eventual nota de protesta.
El Congreso tampoco tardó. La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), y el vicepresidente, Iván Moreira (UDI), firmaron una declaración conjunta en la que sostuvieron que los derechos chilenos sobre el paso se sustentan en la historia, el ordenamiento jurídico y el Derecho Internacional, y que la cooperación con EE.UU. debe basarse en el respeto mutuo, sin subordinación. La frase que cerró el documento resume el ánimo político del día: «no puede confundirse colaboración con dependencia, ni apoyo con soberanía».
Moreira fue más allá a título personal. El senador acusó al diplomático de dispensar un trato muy deficiente al país, exigió firmeza al Ejecutivo y resumió su molestia en cuatro palabras: «No somos su colonia».

Judd recula: «Se está tergiversando»
Con la polémica ya instalada, el embajador salió a matizar. Judd afirmó que sus palabras fueron sacadas de contexto y agradeció al ministro de Defensa, Fernando Barros, por reconocer el sentido de su intervención. «En ningún momento condicioné la soberanía de Chile», aseguró. Según su versión, la exposición ante la CSAV buscaba transmitir una señal positiva sobre el vínculo bilateral y las oportunidades de cooperación en seguridad y prosperidad regional.
Un embajador acostumbrado a la polémica
El episodio no surge en el vacío. En septiembre, Judd ya había incomodado al Gobierno cuando, en el Foro Madrid, afirmó que en Chile se aplica la doctrina «Donroe» y que con Kast esa política resulta más fácil de implementar. El propio presidente tomó distancia, respondiendo que su gobierno aplica una doctrina «proChile». Esos dichos terminaron incluidos en la interpelación al canciller del 28 de septiembre, donde Pérez Mackenna advirtió que ningún embajador extranjero define lo que hace el país.
Más atrás está la disputa por el cable submarino Chile-China Express. En febrero, Washington revocó las visas del entonces ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz, del subsecretario de Telecomunicaciones Claudio Araya y de su jefe de gabinete, Guillermo Petersen, por supuestos riesgos para la infraestructura crítica. Días después, Judd vinculó la permanencia de Chile en el programa Visa Waiver con las decisiones sobre seguridad de las telecomunicaciones, aunque el país nunca fue excluido.
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Magallanes, un tema sensible
La frase del embajador tocó además una fibra expuesta. Durante semanas, Santiago lidió con declaraciones de autoridades argentinas sobre el estrecho y con el decreto firmado por Alberto Fernández en 2021, que habla de «control conjunto» del paso y sigue vigente. El 3 de septiembre, ambos gobiernos reafirmaron que los tratados establecen la soberanía chilena sobre la totalidad del estrecho. Por eso, en Santiago varios interpretaron que ese reconocimiento no requiere ningún aval de Washington, ni condicionado ni gratuito.
Por ahora, la incógnita es si la Cancillería formalizará la protesta o si la aclaración del embajador bastará para cerrar un nuevo roce con su principal socio en seguridad.
Redacción equipo DHH con ayuda de IA.
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