La presión generada por las alzas sostenidas en el precio del diésel y las bencinas desencadenó una paralización de carácter indefinido encabezada por organizaciones de pequeños y medianos transportistas de carga. Desde la madrugada del martes 10 de noviembre, agrupaciones como la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte y la Confederación Centro-Sur han liderado ralentizaciones y bloqueos parciales en arterias estratégicas como la Ruta 5 y la Ruta 68, además de accesos clave en las regiones de Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso, Biobío y la Región Metropolitana.
11/10/2026. La movilización expone el hondo malestar del sector ante el encarecimiento de sus costos de operación y la falta de un entendimiento inicial con el Gobierno.
Frente al despliegue de las protestas, el Presidente José Antonio Kast hizo un llamado explícito a los manifestantes a «pensar en Chile» y a considerar el impacto económico sobre quienes generan y pagan la carga. Para contener la crisis, el Ejecutivo anunció la tramitación de un proyecto de ley destinado a limitar a $20 por litro los futuros incrementos de combustibles por un plazo de 90 días. Sin embargo, el anuncio no logró aplacar los ánimos, en parte porque el alza proyectada para este jueves alcanza los $40 por litro, y porque agrupaciones como «No + TAG» catalogaron la propuesta oficialista de «burla» ante el déficit operacional que enfrentan.
En el terreno de la fiscalización, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, acudió a la Ruta 68 en Pudahuel y advirtió que la interrupción de rutas constituye un delito sancionable con la intervención de la fuerza pública y posibles detenciones. En sintonía con este diagnóstico, el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler —designado como el interlocutor principal del Gobierno debido al perfil PYME de la mayoría de los movilizados—, enfatizó la disposición al diálogo, aunque sin descartar la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado para restablecer el libre tránsito.
Pese a los intentos de acercamiento liderados por el ministro de Transportes, Louis de Grange, y la vocería del subsecretario de la Segegob, Gonzalo Arenas, la primera reunión formal en Santiago concluyó sin acuerdos, ya que los gremios condicionan el fin del paro a respuestas concretas. La jornada también dejó al descubierto ruidos políticos en el gabinete, luego de que parlamentarios oficialistas criticaran los dichos del ministro de Agricultura, Jaime Campos, quien calificó la protesta como «deplorable» y «antipatriótica».
Frente legislativo: De rebajas impositivas directas a las utilidades de ENAP
Ante la complejidad del escenario y las demandas de los transportistas —que exigen la eliminación del impuesto específico, revisiones en los contratos de peajes y TAG, y reestructuraciones tarifarias—, parlamentarios de diversos sectores desplegaron una batería de iniciativas parlamentarias:
- Tijeretazo tributario: Diputados de la UDI presentaron un proyecto de resolución para reducir en un 50% el impuesto específico a las gasolinas, además de abordar las tarifas de peajes para evitar el impacto directo en la canasta básica. En una línea similar, el diputado Jorge Brito (FA) tildó el proyecto del Gobierno de insuficiente e impulsó la eliminación temporal de la carga impositiva para reducir el costo del litro en cerca de $500.
- Alivio financiero a las PYMEs: La diputada Joanna Pérez (Demócratas) propuso congelar por tres meses los Pagos Provisionales Mensuales (PPM), autorizar la postergación del pago del IVA en seis cuotas y habilitar líneas de créditos blandos para apoyar a los pequeños transportistas.
- Redistribución de excedentes de ENAP: Gran parte de las miradas en el Congreso apuntaron a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), entidad que al 30 de septiembre acumuló utilidades por US$1.112 millones (un 119% más que el año previo) debido a los márgenes internacionales de refinación. El diputado Jaime Mulet (FRVS) solicitó que la estatal reduzca sus márgenes comerciales para traspasar rebajas directas. Paralelamente, el senador Rojo Edwards (IND-RN) y el dirigente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, solicitaron realizar un traspaso extraordinario de estas utilidades al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) o al valor final en bomba. Kaiser propuso además reformar el Código de Comercio para tipificar este incremento tarifario extremo como un evento de fuerza mayor que permita renegociar contratos de flete.
- Reactivación de mecanismos de contención: El senador Iván Flores (DC) urgió a reactivar con plenitud el MEPCO para contener la volatilidad internacional de los precios, advirtiendo que los paliativos transitorios no resolverán un costo que termina absorbiendo la ciudadanía.
Incertidumbre en los puertos y la logística nacional
Mientras dirigentes gremiales como Freddy Martínez (Confederación Centro-Sur) confirmaron viajes hacia Santiago para sostener encuentros directos con el biministro Claudio Alvarado, la paralización continúa de forma indefinida. En tanto, gremios del ámbito productivo —como la Cámara de la Producción y del Comercio del Biobío— manifestaron su preocupación por el eventual desabastecimiento y las perturbaciones en los flujos de carga hacia los puertos clave del país. Con equipos técnicos de Hacienda, Economía y Transportes afinando propuestas de última hora, el desenlace del conflicto permanece abierto y bajo fuerte observación nacional.
Redacción DHH con ayuda de IA.
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