El Gobierno de Pedro Sánchez aprueba una regularización extraordinaria que permitirá otorgar residencia y permiso de trabajo a cerca de medio millón de personas que ya viven en España. La medida, presentada como un acto de “justicia” y también de “necesidad”, marca uno de los movimientos más ambiciosos del Ejecutivo en materia social y económica.
04/14/2026. Sánchez, desde Pekín, defendió la decisión asegurando que estas personas ya forman parte del tejido cotidiano de España: cuidan a los mayores, trabajan en sectores esenciales y contribuyen a la cohesión del país. ONG, la Iglesia Católica y organizaciones empresariales venían reclamando esta regularización desde hace años.
Un proceso amplio, rápido y con fecha límite
Para acceder al nuevo estatus, los solicitantes deberán demostrar que estaban en España antes del 1 de enero y que han residido de forma continuada durante cinco meses, además de no tener antecedentes penales.
Las solicitudes podrán presentarse desde el 16 de abril, primero de manera telemática y luego presencialmente en oficinas de Seguridad Social y Correos habilitadas en todo el territorio. El Gobierno promete resolver los expedientes en un plazo máximo de dos meses y medio.
Sin embargo, el proceso podría enfrentar obstáculos: una huelga indefinida en Extranjería, prevista para el 21 de abril, amenaza con ralentizar la tramitación. A esto se suman las críticas de sindicatos policiales, que alertan sobre riesgos de fraude y falta de control en la verificación de identidades.
Justicia histórica y urgencia demográfica
En una carta dirigida a la ciudadanía, Sánchez enmarcó la regularización como un acto de reconocimiento hacia quienes ya sostienen sectores clave de la economía, pero también como un gesto de memoria hacia los millones de españoles que emigraron en el pasado.
El presidente subrayó que España envejece y que sin nuevos trabajadores cotizando, los pilares del Estado del bienestar —sanidad, educación, pensiones— se debilitan.
Una decisión que divide a la política española
El Partido Popular rechazó la medida con dureza, calificándola de “inhumana”, “injusta” y contraria al Pacto Europeo de Migración y Asilo. Vox, por su parte, lanzó una campaña contra lo que denomina “inmigración masiva” y anunció que recurrirá el decreto ante el Tribunal Supremo.
Mientras tanto, Cáritas y otras entidades de la Iglesia pidieron al Gobierno garantizar que el proceso llegue a todas las personas que podrían beneficiarse, recordando que la irregularidad administrativa expone a miles a la discriminación y a la vulnerabilidad extrema.
Redacción Tony Romero para DHH.
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