El panorama político e institucional de los Estados Unidos tras la contienda electoral no se encamina hacia una fase de reconciliación ni de acuerdos bipartidistas con Trump, sino hacia una prolongada guerra estratégica en los planos jurídico, táctico y constitucional.
11/05/2026. Así lo plantea el analista internacional Manuel Cruz, quien sostiene que la dinámica política norteamericana no debe analizarse bajo el esquema tradicional de frenos y contrapesos, sino a través de la categoría de una «democracia dividida» estructural que ha caracterizado al país desde sus orígenes.
El origen histórico de la «democracia dividida» estadounidense
Contrario a la visión convencional de un sistema diseñado para la concertación, Cruz argumenta que la polarización y el enfrentamiento entre poderes son consustanciales a la historia constitucional de Estados Unidos. La nación nació dividida, un rasgo que se remonta a 1792 cuando Thomas Jefferson se opuso frontalmente a las políticas económicas promovidas por George Washington a través de Alexander Hamilton.
De esa grieta histórica inicial surgieron las dos primeras fuerzas políticas del Nuevo Mundo: el Partido Federalista, fundado por Alexander Hamilton, y el Partido Demócrata-Republicano, impulsado por Thomas Jefferson. Esta división de origen permea el ejercicio del poder en la actualidad, condicionando las estrategias de los actores políticos ante un nuevo ciclo electoral.
Radicalización ejecutiva y las barreras del impeachment
En este contexto, Cruz descarta que la administración encabezada por Donald Trump vaya a recurrir al manual tradicional de búsqueda de consensos para gobernar. La proyección analítica apunta a una radicalización de sus posiciones, sin margen para admitir derrotas o ceder ante la contraparte legislativa. Esto llevará a ambas facciones a emplear intensivamente todas las atribuciones que les confiere el texto constitucional.
Por el lado de la oposición en la Cámara de Representantes, es previsible el impulso de un juicio político (impeachment) contra el mandatario. No obstante, Cruz enfatiza la inviabilidad práctica de lograr una destitución real:
- Exigencia senatorial: Para destituir a un presidente se requiere una supermayoría de 67 votos en el Senado.
- Matemática partidaria: Los demócratas necesitarían que al menos 13 senadores republicanos votaran en contra de su propio líder, un escenario altamente improbable en la coyuntura actual.
- Engranaje procesal: En caso de iniciarse el proceso, la Constitución establece que la audiencia en el Senado debe ser presidida por el Presidente de la Corte Suprema (ya que el Vicepresidente no puede presidir un juicio contra el Ejecutivo), actuando los senadores como jurado y los representantes como fiscales.
El espejismo del «Señor Veto»: Los presidentes que superaron a Trump en la tijera presidencial
Ante la parálisis legislativa, se ha planteado la posibilidad de que Trump asuma el rol del «Señor Veto» para frenar las iniciativas del Congreso. Sin embargo, al examinar el registro histórico de la presidencia estadounidense, existieron mandatarios significativamente más rigurosos e intensivos en el uso del veto que Trump.
- Grover Cleveland: Durante su primer periodo constitucional, Cleveland batió marcas al aplicar 414 vetos. A lo largo de sus mandatos, acumuló la cifra de 584 vetos presidenciales.
- Franklin Delano Roosevelt (FDR): Ostenta el récord absoluto en la historia de los Estados Unidos con un total de 635 vetos ejecutados.
La arquitectura constitucional estadounidense prevé dos modalidades de bloqueo ejecutivo: el veto ordinario y el veto de bolsillo (pocket veto). Para que el Congreso pueda anular o superar un veto presidencial, la Constitución exige una supermayoría de dos tercios en ambas cámaras: 290 votos en la Cámara de Representantes y 67 votos en el Senado. Al carecer la oposición de esas cifras, el poder del veto presidencial se convierte en un muro infranqueable.
Desgaste legislativo y el impacto colateral en economías dependientes
La dinámica inmediata de la política estadounidense estará marcada por un ciclo de aprobación de leyes por parte del Congreso, vetos sistemáticos del Ejecutivo e intentos fallidos del Legislativo por reunir los dos tercios requeridos para anularlos. Aunque eventualmente ambas partes se verán obligadas a alcanzar acuerdos mínimos para no paralizar el funcionamiento del Estado, el período de fricción genera serias advertencias para el entorno internacional.
Cruz concluye señalando la vulnerabilidad de las pequeñas economías en desarrollo ante este desaceleramiento político-económico: si la pugna institucional ralentiza la economía de los Estados Unidos, «a los países pequeños les da pulmonía».
Redacción DHH sobre vide3o de YouTube.
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