Durante años, el silencio fue norma. Pero ahora, la misma presidenta encargada que conocía las irregularidades en los tribunales venezolanos exige actuar con urgencia contra los jueces que cobran por otorgar amnistías. Un escándalo que no nació ayer… pero que solo hoy parece indignar a Delcy Rodríguez.
05/09/2026. En un acto transmitido por el canal estatal, Rodríguez aseguró tener información sobre jueces que han cobrado por procesar amnistías y pidió acciones inmediatas contra ellos.
Lo curioso —y políticamente incómodo— es que estas denuncias ya habían sido expuestas por familiares de presos políticos desde marzo, quienes reportaron cobros en dólares para entregar notificaciones de libertad plena.
Una amnistía limitada y un sistema que no cambia
La Ley de Amnistía aprobada en febrero abarca un período de 27 años, desde la llegada del chavismo al poder en 1999, pero solo beneficia a personas vinculadas con 13 hechos específicos, dejando fuera delitos como corrupción, homicidio o violaciones de derechos humanos.
Rodríguez afirmó que más de 9.000 personas han sido beneficiadas hasta ahora, un aumento respecto a las 8.616 registradas en abril, la mayoría con medidas cautelares que restringían su libertad.
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Una presidenta con “nueva visión”
La mandataria aseguró que ahora tiene una “visión distinta” del país gracias al Programa por la Convivencia Democrática y la Paz, creado semanas después de asumir la presidencia encargada tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos en enero.
En ese mismo discurso, pidió al Tribunal Supremo de Justicia una doctrina que reconozca la diversidad sexual como un derecho humano fundamental, un tema que dice haber comprendido con mayor amplitud recientemente.
En Venezuela, las personas trans no pueden cambiar legalmente su nombre y las parejas del mismo sexo no pueden casarse, entre otras restricciones que la comunidad LGTBI denuncia desde hace años.
Redacción Elena Calzadilla para DHH.
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