La Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional de España ha destapado una red que vincula a inversores vinculados a la mafia rusa con el entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para facilitar negocios estratégicos en Cuba. Según los informes policiales derivados de la Operación Strongbox, el denominado «grupo de ZP» habría actuado como un «lobby muy poderoso» para abrir puertas cerradas en la isla caribeña.
07/02/2026. El eje central de esta investigación, que ya se encuentra en manos del Juzgado de Instrucción 46 de Madrid, gira en torno a una carta de autorización del Gobierno de Cuba, un documento indispensable para cualquier actividad comercial en territorio cubano. Según conversaciones telefónicas intervenidas al empresario Jerónimo Sarmiento, es Rodríguez Zapatero y su abogado quienes poseen físicamente esta carta, a pesar de que formalmente debería estar en manos de la compañía Servigestión.
Este documento no solo permitía operar, sino que funcionaba como la llave maestra para acceder a los niveles más altos del poder en la isla, permitiendo a los empresarios presentarse ante el presidente Miguel Díaz-Canel como los ejecutores autorizados de los acuerdos.
Níquel, cobalto y energía: El botín estratégico
Los intereses de esta trama, liderada por empresarios alicantinos bajo la lupa de la justicia, no eran menores. El objetivo principal era el blanqueo de capitales mediante la explotación de recursos minerales críticos como el níquel y el cobalto, además de incursionar en el sector energético con la instalación de plantas fotovoltaicas.
Para garantizar el éxito de estas operaciones, los implicados contaban con la colaboración de René Capote, un diplomático de la embajada de Cuba en España que, según las investigaciones, pertenece a la inteligencia cubana. Capote habría sido el enlace directo para escalar las propuestas hasta Díaz-Canel.
Bajo la «Órbita» del Poder Español
Uno de los aspectos más polémicos de las grabaciones es la presunta utilización del nombre del Gobierno de España como escudo protector. En las llamadas, los implicados discuten la necesidad de afirmar que se encuentran «bajo la protección» o en la «órbita del gobierno español» para facilitar las gestiones.
Incluso se revela que los costes de operación aumentaron porque, en palabras de los investigados, «los de arriba» no trabajan gratis y todos, incluyendo abogados y diplomáticos, esperaban su parte del botín.
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Un Viaje Frustrado
La investigación detalla que se planeó un encuentro de alto nivel en Cuba para el 15 de junio de 2024, donde debían confluir el consejero de Transportes de Cuba, el propio Díaz-Canel, el embajador y el abogado de Zapatero. Aunque el viaje no llegó a materializarse, la planificación evidencia el nivel de acceso que la trama aseguraba tener gracias al entorno del expresidente.
Este caso pone bajo el foco público la influencia de figuras políticas españolas en negocios de dudosa procedencia en Cuba, entrelazando intereses de la criminalidad organizada transnacional con las más altas esferas del régimen castrista.
Redacción equipo DHH sobre lectura libre de agencias y elespanol.com
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