Un nuevo y demoledor informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de Espana ha puesto al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el centro de una investigación por presunto tráfico de influencias internacional y liderazgo de una «organización criminal». Según las pesquisas remitidas al magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, Zapatero habría cobrado 200.000 euros a cambio de interceder ante el Gobierno de Bolivia para favorecer a un poderoso conglomerado empresarial peruano.
06/24/2026. La investigación detalla que los fondos detectados provienen del Grupo Gloria, un importante conglomerado con base en Perú. El objetivo de este grupo era utilizar la ascendencia internacional de Zapatero para mediar en favor de una de sus empresas, la cementera Soboce (Sociedad Boliviana de Cementos), que enfrentaba una condena en Bolivia de aproximadamente 107 millones de dólares por actos de competencia desleal.
Para lograr este beneficio, Zapatero se habría reunido el 15 de septiembre de 2024 en la sede del Gobierno boliviano con las «altas esferas» del país, incluyendo al presidente Luis Alberto Arce y al ministro de Economía, Marcelo Montenegro. El informe policial subraya que estas gestiones buscaban influir en procesos judiciales abiertos contra la empresa del grupo peruano.
El «Modus Operandi»: Sociedades pantalla y contratos simulados
La UDEF sostiene que el pago de los 200.000 euros se camufló mediante una «dinámica de intermediación e influencias» apoyada en una estructura de sociedades interpuestas. El dinero habría sido canalizado a través de un contrato de asesoría con Focus Social Research SAC, una mercantil con sede en Lima (Perú) dedicada al marketing, que según los agentes no tiene relación real con los servicios supuestamente prestados por el expresidente.
La Policía es tajante al calificar estos movimientos: se trataría de «contratos ad hoc» para justificar servicios no prestados, permitiendo que Zapatero ejerciera como un «comisionista internacional» aprovechando sus contactos públicos.
Las pruebas: Mensajes de «Gertru» y la oficina de Ferraz
El peso de la acusación recae en gran medida en las conversaciones intervenidas en el teléfono móvil de la secretaria personal de Zapatero, Gertrudis «Gertru» Alcázar, quien también se encuentra investigada. Las comunicaciones de WhatsApp revelan una gestión pormenorizada con las autoridades bolivianas, incluyendo contactos directos con la jefa de gabinete del presidente Arce para agendar las reuniones.
Además, el informe menciona documentación incautada en la oficina del expresidente en la calle Ferraz de Madrid, que acreditaría su papel mediador ante el ministro de Justicia y el Procurador General del Estado de Bolivia. Curiosamente, apenas meses después de estas gestiones, una resolución judicial en La Paz dejó temporalmente sin efecto la millonaria condena contra la cementera del Grupo Gloria.
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Zapatero: Solicitud de nulidad en caso Plus Ultra
Ante la gravedad de estas acusaciones, que se enmarcan en la pieza separada del caso Plus Ultra, la defensa de Zapatero ha pasado al ataque. Sus abogados han solicitado la nulidad de la causa, argumentando que las conversaciones que dieron pie a su imputación pudieron haber sido obtenidas de forma ilegal, sin una autorización judicial válida que permitiera el análisis de las comunicaciones privadas del dispositivo clave de la investigación.
Mientras el juez Calama decide si acepta esta petición de nulidad, el informe de la UDEF sigue dibujando la imagen de una red que, según la Policía, utilizaba influencias de carácter ilícito para beneficiar a clientes internacionales a cambio de cuantiosas sumas de dinero.
Redacción equipo DHH con ayuda de IA.
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