Una exclusiva investigación periodística del diario digital eldebate.com ha sacado a la luz la estrategia de defensa que ha puesto en marcha el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para intentar frenar el impacto judicial del caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional. Tras la confirmación por parte de la cúpula de la aerolínea de que el pago de 530.000 euros correspondió a una comisión ilegal a cambio de lograr la inyección de 53 millones de euros de fondos públicos, el expresidente ha comenzado a organizar reuniones privadas para captar personas de su entorno que estén dispuestas a declarar a su favor.
09/14/2026. El centro de operaciones de esta maniobra se sitúa en el hotel Santo Mauro de Madrid, concretamente en un reservado conocido como «La Capilla». En este emplazamiento, Zapatero ha estado convocando a colaboradores cercanos y a antiguos altos cargos de su propio Gobierno con el fin de persuadirlos para que su abogado los proponga como testigos. La línea defensiva pretende que estos exdirigentes declaren que tenían conocimiento de cómo el expresidente confeccionaba los informes que presuntamente elaboró para la sociedad Análisis Relevante SL, alegando que solía consultarles antes de redactar dichos documentos.
Estas reuniones, que en algunos casos han superado las dos horas de duración, comenzaron a celebrarse a principios de septiembre coincidiendo con la atención mediática volcada sobre la crisis migratoria en Ceuta. Aunque la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ya catalogaba este establecimiento como un lugar habitual del expresidente, Zapatero dio instrucciones directas a su escolta para extremar el blindaje en los alrededores y evitar filtraciones a la prensa. Para este dispositivo se han incorporado nuevos agentes, se han efectuado cambios en los vehículos oficiales y se ha mantenido el uso de un todoterreno blanco, el mismo automóvil con el que Zapatero acudió a reunirse con el empresario Julio Martínez, alias Julito, en El Pardo poco antes de la detención de este último.
A pesar del despliegue en «La Capilla», el expresidente no está consiguiendo que ninguno de sus allegados acepte dar la cara ante los tribunales. La disposición a colaborar se ha visto minada después de las contradicciones públicas del exjefe del Ejecutivo. Aunque en su comparecencia ante el Senado sostuvo que realizaba asesoramientos únicamente verbales, la causa cuenta con documentos escritos plagados de textos elementales —como la afirmación explícita de que «la pandemia va a ser una larga crisis»—. Asimismo, las pesquisas policiales de la UDEF revelaron que tales informes no eran redactados por Zapatero, sino por terceras personas, entre las que figura un directivo de la compañía Telefónica.
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La premura por armar una red de testimonios surge tras los recientes escritos de colaboración remitidos a la Audiencia Nacional por Julito (su presunto testaferro) y por Julio Martínez Sola, expresidente de la aerolínea venezolana Plus Ultra. Ambos ratificaron la semana pasada sus declaraciones ante el juez José Luis Calama. Martínez Sola detalló que el rescate estatal estuvo directamente condicionado al abono de una comisión equivalente al 1 % del total rescatado (530.000 euros), la cual se canalizó formalmente a través de Análisis Relevante a modo de pago a éxito por lo que definió como «labores de acompañamiento» de Zapatero dentro del Ejecutivo.
El impacto de las investigaciones también se ha extendido al ámbito familiar. Su esposa e hijas han mantenido reuniones paralelas —la última registrada hace diez días en un hotel de La Finca— destinadas a intentar restituir la imagen de la familia e insistir en la inocencia del expresidente. El escándalo ha marcado el periodo estival de Zapatero, quien permaneció recluido en su chalet de Las Rozas sin desplazarse a su residencia de Lanzarote, limitando sus salidas a un viaje discreto a León para festejar el centenario de su padre.
Redacción libre de equipo de DHH sobre lectura de reportaje de eldebate.com
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