El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha convocado a una conferencia de prensa este miércoles en la emblemática Torre de la Libertad de Miami, donde se prevé el anuncio de una acusación criminal formal contra Raúl Castro. El exmandatario de Cuba, de 94 años, enfrentaría cargos por su responsabilidad directa en el derribo de dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996.

05/19/2026. Este proceso judicial, encabezado por el fiscal general interino Todd Blanche, se centra en la muerte de Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales, quienes participaban en misiones para asistir a balseros en el estrecho de Florida. Según sobrevivientes como Sylvia Iriondo, este encausamiento representa un paso crucial para poner fin a la impunidad de un «crimen de lesa humanidad» perpetrado bajo las órdenes de Castro, quien en aquel entonces fungía como Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Informes internacionales han respaldado la tesis de que el ataque ocurrió en aguas internacionales, contradiciendo la postura oficial de La Habana, que siempre calificó a los tripulantes de «terroristas».
El asedio de Washington y el arsenal aéreo de La Habana
La inminente acusación coincide con una escalada de presión sin precedentes por parte de la administración de Donald Trump. El lunes, el Departamento del Tesoro anunció una nueva batería de sanciones que congelan el 100% de los activos de figuras clave del régimen, incluyendo a la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín, y al ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy. Estas medidas también alcanzaron a Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional, y a la Dirección Nacional de Inteligencia.
La tensión militar también ha alcanzado niveles críticos tras revelarse que el gobierno de Miguel Díaz-Canel adquirió un lote de 300 drones militares de Rusia e Irán. Mientras Washington expresa su alarma por esta alianza estratégica, el mandatario cubano ha defendido el «derecho legítimo a defenderse» de la isla ante lo que califica como amenazas de intervención por parte de Estados Unidos. En este contexto de máxima alerta, se reportó una reciente e inusual visita a La Habana del director de la CIA, John Ratcliffe, quien mantuvo encuentros con autoridades de la isla, incluido el nieto de Raúl Castro, conocido como «El Cangrejo».
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La Habana entre el miedo y el hambre: «¿Cambio o guerra?»
Mientras las cúpulas políticas se preparan para un posible enfrentamiento, en las calles de La Habana Vieja la realidad es dictada por la supervivencia diaria. Los ciudadanos enfrentan la peor crisis económica y energética en décadas, marcada por apagones constantes y una escasez severa de alimentos y agua. Para residentes como Arminda de la Cruz, de 56 años, la preocupación por una posible guerra es secundaria ante el reto de alimentar a su familia con un refrigerador casi vacío.
El sentimiento popular en la capital cubana es una mezcla de escepticismo y un agudo deseo de transformación. Aunque el régimen advierte sobre un posible «baño de sangre» en caso de agresión estadounidense, muchos habaneros rechazan la idea de un conflicto armado, aunque claman por una apertura. Voces como la de Osvaldo Mendoza, de 61 años, aseguran que «la salida no sería una invasión», sino un desarrollo económico real, sentenciando que lo que verdaderamente debe ocurrir es un cambio de sistema. Por otro lado, algunos sectores, incluso entre militares retirados, admiten que verían con buenos ojos una intervención siempre que esta traiga una mejoría tangible para el pueblo y no se traduzca en bombas o disparos.
El destino de Cuba parece pender hoy de dos hilos: la justicia federal en una corte de Florida y la capacidad de resistencia de un pueblo que, entre el reguetón y las partidas de dominó, espera que los gobiernos lleguen a un acuerdo antes de que la tensión política se convierta en un conflicto irreversible.
Redacción DHH con ayuda de IA.
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