¿Servirá la lección del pragmatismo de Mandela para el restablecimiento democrático en Venezuela?

El debate sobre cómo destrabar la parálisis política en Venezuela que comenzó esta semana con el dialogo entre dos asambleas, nos motivo a rescatar una de las lecciones de transición más audaces y pragmáticas del siglo XX: el proceso de desmantelamiento del apartheid en Sudáfrica. Sin querer hacer una comparación exactamente igual entre los dos procesos, al menos este nos sirve como referencia del manejo y los tiempos politicos que se necesitan.

08/06/2026. A comienzos de la década de 1990, Nelson Mandela y el Congreso Nacional Africano enfrentaron el dilema fundamental de cómo arrebatarle el control del Estado a una minoría blanca que, aunque demográficamente superada y aislada internacionalmente, retenía el monopolio absoluto de las armas, la inteligencia militar y el poder económico. La solución que propuso Mandela no provino del revanchismo ni de la exigencia de una rendición incondicional, sino de un pacto de garantías mutuas que exigió enormes concesiones a la mayoría oprimida para evitar una guerra civil devastadora.

Para lograr que el régimen blanco de Frederik de Klerk aceptara entregar la presidencia y dar paso a la democracia, Mandela entendió que el costo de salida para quienes ostentaban las armas debía ser lo suficientemente bajo como para que la negociación resultara preferible a la resistencia armada. En aquel proceso se incluyeron las denominadas cláusulas de salvaguarda o «cláusulas de atardecer», las cuales permitieron un gobierno de unidad nacional por cinco años donde la minoría conservó cuotas de poder ministerial, garantías explícitas sobre la propiedad privada, la preservación de los mandos militares en el corto plazo y un esquema de justicia transicional a través de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación. Aunque estas decisiones generaron severas críticas internas por considerarse concesiones excesivas ante opresores históricos, el tiempo demostró que el pragmatismo de Mandela salvó al país de un baño de sangre y sentó las bases institucionales de una república constitucional plural.

Este precedente sudafricano cobra hoy un dramatismo urgente al ser proyectado sobre el tablero venezolano. Sabemos que el chavismo y el madurismo han pasado a constituir una minoría política en términos demográficos y electorales, pero al igual que la minoría gobernante en Pretoria la capital administrativa  de Suráfrica, conservan el control fáctico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las estructuras judiciales, los organismos de inteligencia y los resortes económicos clave del Estado. Bajo esta premisa, exigencias de rendición incondicional o promesas de persecución judicial masiva tras un eventual cambio de mando solo provocan el atrincheramiento de la élite gobernante, convirtiendo el costo de ceder el poder en un riesgo de supervivencia personal e institucional.

La aplicación del simit sudafricano en el escenario venezolano plantea que una transición democrática viable exige ofrecer a la élite gobernante un puente de oro y garantías de no persecución que incentivaran su repliegue. Esto implicaría negociar salvoconductos, amnistías políticas, un periodo de coexistencia institucional o cohabitación temporal, e incluso el reconocimiento del chavismo como una fuerza política legal con representación garantizada en el futuro esquema democrático. De acuerdo con los analistas, el objetivo no es la impunidad ni el olvido moral, sino priorizar la estabilidad nacional y la restitución del orden constitucional por encima de la justicia retributiva inmediata.

¿Cuáles serían los campos más complicados?

Un ejemplo práctico de estas concesiones en el terreno militar requeriría replicar la fusión gradual de las Fuerzas de Defensa de Sudáfrica con las alas armadas de la oposición, adaptado al contexto del estamento militar venezolano. En lugar de ejecutar una purga masiva del alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, un acuerdo de transición tendría que garantizar la inamovilidad de rangos, la protección de pasividades laborales y un retiro paulatino y digno para los oficiales vinculados al régimen. Esta garantía de no desmantelamiento institucional evita que las unidades armadas perciban la democratización como una amenaza directa a su supervivencia, incentivando su neutralidad operativa durante el traspaso de mando.

En el ámbito de la justicia transicional, el modelo sudafricano ofrece el precedente de la amnistía condicionada a cambio de la revelación completa de los hechos, mecanismo que podría estructurar un proceso equivalente para la dirigencia chavista. Mediante la creación de una comisión de la verdad adaptada, aquellos funcionarios no involucrados en crímenes de lesa humanidad de máxima gravedad podrían acceder a beneficios procesales y penas alternativas a la cárcel a cambio de su cooperación activa en la restitución del tejido institucional. Este enfoque pragmático prioriza la reconstrucción de la paz social y la búsqueda de la verdad histórica por sobre el enjuiciamiento punitivo totalizador.

Asimismo, la dimensión económica exige establecer salvaguardas patrimoniales y de representación que desarticulen el temor a una expoliación inmediata del capital político y financiero del chavismo. En Sudáfrica, la preservación de la estructura económica preexistente fue la clave para sostener la inversión y evitar el colapso del aparato productivo tras la llegada de la mayoría al poder. En el caso venezolano, esto supondría garantizar que el chavismo pueda conservar legalmente activos no vinculados a actos de corrupción flagrante y mantener un acceso equitativo al sistema financiero, asegurando que sus miembros no queden económicamente asfixiados en el nuevo orden postransición.

Desde la perspectiva institucional y parlamentaria, el ejemplo de Suráfrica nos llevaría a la creación de un gobierno de coexistencia o coalición temporal con representación proporcional garantizada para el oficialismo saliente. Tal como el Partido Nacional sudafricano conservó la vicepresidencia con De Klerk y varios ministerios clave durante los primeros años del gobierno de Mandela, en Venezuela se requeriría asegurar al chavismo cuotas de participación en ministerios sociales o escaños reservados en la Asamblea Nacional. Este diseño institucional impide que la minoría gobernante sienta que su salida del Poder Ejecutivo equivale a su aniquilación política definitiva.

Al analizar ambos procesos, la practica de Suráfrica nos plantea que ceder ante una minoría armada no equivale a una capitulación ideológica, sino a un ejercicio superior de alta política para salvar la viabilidad de una nación. Tal como ocurrió en Sudáfrica, donde el reconocimiento pragmático del poder de fuego de la contraparte permitió salvar el futuro del país, Venezuela se encuentra ante la disyuntiva de elegir entre la perpetuación del conflicto o la construcción de un pacto histórico de garantías compartidas que haga posible el retorno a la democracia.

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Fechas y tiempos

El proceso de diálogo en Sudáfrica estuvo marcado por hitos cronológicos precisos que demuestran cómo la transición no fue un evento repentino, sino una ruta negociada durante cuatro años de intensas tensiones. El inicio formal del deshielo se produjo el 2 de febrero de 1990, cuando el presidente Frederik de Klerk anunció ante el Parlamento la legalización del Congreso Nacional Africano (CNA) y la liberación de Nelson Mandela, efectuada días después, el 11 de febrero. Este paso abrió el camino para los primeros encuentros bilaterales directos, destacando la reunión de Groote Schuur del 2 al 4 de mayo de 1990 —donde se pactó la inmunidad para los exiliados políticos— y la Minuta de Pretoria el 6 de agosto de ese mismo año, fecha en la que el CNA acordó suspender formalmente la lucha armada como gesto de buena voluntad para institucionalizar la mesa de negociación.

El paso crucial hacia una solución multipartidaria se consolidó el 20 y 21 de diciembre de 1991 con la instalación de la Convención por una Sudáfrica Democrática (CODESA I) en Johannesburgo, foro que sentó las bases para redactar una nueva constitución republicana. A pesar de los graves estallidos de violencia y estancamientos políticos que paralizaron las discusiones en 1992, la determinación pragmática de ambas partes permitió salvar el proceso: el 18 de noviembre de 1993, el Consejo Negociador aprobó finalmente la Constitución Interina que incluyó las salvaguardas y garantías para la minoría blanca. Este marco institucional culminó con éxito en las históricas elecciones generales del 27 al 29 de abril de 1994, donde por primera vez todos los ciudadanos ejercieron el voto libre, haciendo posible la toma de posesión de Mandela el 10 de mayo de 1994 y sellando el nacimiento de una democracia plural y pacífica.

Redacción equipo de DHH sobre comentario hecho por mundobetotv con ayuda grafica e historiográfica de IA.