La estructura institucional de Sinaloa enfrenta un sismo. Dámaso Castro Zaavedra, quien hasta hace poco fungía como el segundo al mando en la procuración de justicia del estado, ha solicitado una licencia sin goce de sueldo a su cargo como Vicefiscal General. Esta decisión no es un hecho aislado, sino la pieza más reciente de un rompecabezas de corrupción que ha comenzado a desmoronarse bajo la presión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
05/05/2026.
El alias en la nómina de «Los Chapitos»
Lo que comenzó como una investigación hermética ha revelado detalles perturbadores. Según los informes de la DEA, Castro Zaavedra no solo era un funcionario de alto rango, sino que presuntamente operaba bajo el alias de “Culiacán Regio”. Las acusaciones sostienen que el ahora vicefiscal con licencia recibía una «mensualidad» de aproximadamente 11 mil dólares (unos 200 mil pesos) provenientes de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
A cambio de estos sobornos, el funcionario habría transformado la oficina de investigación en un escudo para la organización criminal funcionando de la siguiente forma:
- Protección activa: Alertaba sobre operativos inminentes vinculados con autoridades estadounidenses.
- Justicia selectiva: Instruía la detención de rivales de Los Chapitos para limpiarles el camino.
- Cargos graves: En EE. UU. enfrenta acusaciones por conspiración para importar narcóticos y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.
Un estado en interinato
La salida de Castro Zaavedra se suma a una lista de bajas de alto perfil que han dejado a Sinaloa en una situación política inédita. El gobernador Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también solicitaron licencias previas tras ser incluidos en la misma acusación formal que señala a un total de diez funcionarios y exfuncionarios.
Esta desbandada institucional ha obligado a la reconfiguración inmediata del gobierno estatal, ahora bajo el mando de la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde. Mientras tanto, la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, reconoció que la separación de Castro era una medida necesaria para garantizar el debido proceso y evitar interferencias en las investigaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas.
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El futuro legal: entre la cooperación y la extradición
A pesar de la gravedad de los señalamientos, Castro Zaavedra ha manifestado, a través de comunicados oficiales, su total disposición para atender cualquier requerimiento legal. No obstante, el panorama es complejo: Estados Unidos ya ha solicitado formalmente la detención provisional con fines de extradición tanto para él como para el círculo cercano de Rocha Moya.
Por ahora, la defensa de los implicados se aferra a la presunción de inocencia, mientras la FGR solicita mayor documentación a las autoridades estadounidenses para sustentar las órdenes de aprehensión en territorio mexicano. El caso de «Culiacán Regio» no es solo la caída de un fiscal; es el síntoma de una infiltración que ha puesto a prueba la soberanía y la integridad del sistema judicial en el noroeste de México.
Redacción Neco Perez para DHH.
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